Página 25 - ACUERDO POR LO SUPERIOR 2034 - Propuesta de política pública para la excelencia de la educación superior en Colombia en el escenario de la Paz CESU

Introducción 23
zaron y participaron, de manera propositiva, los diferentes
actores y sectores de la sociedad, tratando de llegar a con-
sensos, a partir de las diferencias y disensos. Ha sido una
política pública tejida a través del diálogo nacional, abier-
to, transparente, democrático, participativo e incluyente. Se
procuró que en este diálogo se desarrollara una construcción
coordinada e integral de la política pública; de ninguna ma-
nera se realizó siguiendo un modelo de conversación frac-
cionada, en que cada sector o grupo de actores (estudiantes,
docentes, egresados, padres de familia, empresarios, etc.)
tejiera, cada uno por su lado, sus expectativas e intereses,
que luego se adicionarían para conformar una colcha de
retazos. Por el contrario, en esta apuesta de diálogo nacio-
nal se construyó una política pública integral que permea e
irradia los procesos de formación en la educación superior
en toda Colombia y para todos los colombianos, potenciando
una educación superior pertinente, propositiva, incluyente
y de alta calidad, que sea accesible a todos los jóvenes y
sostenible financieramente.
Es así como las políticas públicas que propone el Acuerdo por
lo Superior 2034 corresponden a uno de los compromisos mi-
sionales del Consejo Nacional de Educación Superior –CESU-,
concebido desde la Ley 30 de 1992 como un órgano colegiado y
representativo de todos los actores de nuestro sistema de edu-
cación superior. A través de este documento se responde al país
la pregunta de cuál debe ser la educación superior que el país
debe tener para alcanzar total cobertura, alta calidad, inclusión
social, regionalización, integración social e interacción global.
1.1. La génesis del Acuerdo por lo
Superior 2034: de un movimiento de
reforma a una política pública para la
educación superior
El Acuerdo por lo Superior 2034, es el resultado de tres
años de análisis y debate en el país en torno de cuál debe
ser la educación superior de calidad que requiere y espera
Colombia para las próximas dos décadas.
La educación superior pasó a ocupar primeros lugares en la
agenda de los medios de comunicación y la política pública
cuando, en 2011, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos
propuso al país, como tema prioritario de la agenda legislativa,
una reforma de la Ley 30 de 1992. Con ella se buscaba permitir
un mayor acceso con equidad e inclusión, mejorar la calidad
y pertinencia de la educación para un mundo globalizado, un
mejor financiamiento y garantizar una rendición de cuentas de
parte de todas las IES. Algunos sectores académicos, especial-
mente los estudiantes mayoritariamente agrupados en la Mesa
Ampliada Nacional Estudiantil – MANE, reaccionaron contra el
proyecto, pues consideraban que no había sido suficientemente
discutido y concertado. Esto llevó al retiro del mismo, dado que
el Ministerio de Educación Nacional ya lo había presentado al
Congreso de la República.
No obstante esta situación, bajo el liderazgo del mismo Ministe-
rio de Educación Nacional, se reiniciaron los procesos de diálogo
y discusión alrededor de lo que debiera ser una política pública
para los próximos 20 años. A comienzos de 2013 se asignó la
responsabilidad al CESU, máximo órgano asesor del gobierno
en educación superior, creado por la Ley 30 de 1992 para liderar
el ejercicio de análisis y proyección de la política pública a partir
de los aportes del país.
De esta manera, y por primera vez en los 20 años de vigencia de
la Ley 30 de 1992, el país asume que es necesario para el desa-
rrollo de la educación superior considerar las nuevas realidades
sociales, culturales y económicas, muy distintas a las de 1992,
y proponer una nueva política de educación superior. Ya hacia
1999 Colombia había vivido un importante proceso de reflexión
en torno de la llamada Movilización Social por la Educación Su-
perior (direccionada entonces desde el ICFES, que era la entidad
encargada en ese momento de fomentar y vigilar las instituciones
del sistema), que permitió conocer de cerca el sistema; más ésta
no se concretó en una propuesta de reforma o de política pública.
Es así como, entre 2011 y 2013, Colombia vivió positivamente
una revolución intelectual en torno de la misión del siste-
ma de educación superior, sus alcances, fuentes de finan-
ciamiento y corresponsabilidad entre el Estado Nación, los
entes territoriales y los gobiernos locales, las instituciones de