CESU
 Acuerdo por lo superior
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los programas TyT, y aseguren el logro de estándares in-
ternacionales de absorción y calidad en estos programas,
no evidentes en las evaluaciones recientes.
11.
La falta de articulación de los programas de formación
técnica y tecnológica con los de la formación para el
trabajo y desarrollo humano, y con las necesidades del
mercado laboral.
12.
El centralismo del MEN en relación con las entidades
operadoras genera cuellos de botella que en algunas
oportunidades dificultan la respuesta oportuna a las
necesidades de las regiones.
13.
La concentración de funciones en el Ministerio de Educa-
ción, que ha llevado a que sea considerado como juez y
parte en la dirección y supervisión de la educación superior.
4.10.
Sostenibilidad financiera del
sistema
4.10.1.
Contexto:
La sostenibilidad es una condición transversal indispensable
para la construcción de una política pública de educación
superior para el país. Los recursos deben orientarse a promo-
ver que más colombianos tengan la oportunidad de acceso
al conocimiento, a la ciencia, a la tecnología y a la cultura a
través del sistema de educación superior.
El financiamiento ocupa un lugar sobresaliente entre los varios
desafíos que tiene la educación superior de nuestro país en
el siglo XXI. La escasez de fondos frente a una demanda en
ascenso y, a la vez, unos costos crecientes, hacen imposible
pensar en plantear objetivos de desarrollo y una política pú-
blica si no se dispone de los medios para lograr la sostenibi-
lidad financiera del sistema de educación superior del país.
Por tanto, conocer e identificar los problemas estructurales
permitirá establecer los lineamientos de una política pública
con visión estratégica y con objetivos de largo plazo.
La política de sostenibilidad debe prever las estrategias y
acciones concretas por medio de las cuales el sistema debe
ser financiado en el corto, mediano y largo plazo. Para ello
se debe construir un nuevo modelo de financiamiento que
equilibre los recursos existentes con las necesidades de for-
mación de calidad que demanda la sociedad en su búsqueda
de mayor equidad, bienestar y desarrollo, tanto en las IES
públicas como en las privadas.
Del total de los $25 billones que recibió el sector educación del
presupuesto general en 2013, $3,3 billones fueron destinados a
la educación superior. Los $3,3 billones se repartieron entre las
universidades oficiales (75,8%), las instituciones de educación
superior que son establecimientos públicos (15,2%), el ICETEX
(7,6%), recursos para inversión (1,1%) y otras transferencias
de Ley (0,2%)
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.
El esquema de financiamiento de la educación superior opera
con mecanismos dirigidos a la oferta y a la demanda, pre-
cisamente debido al carácter de la oferta mixta del sistema.
Actualmente se destinan recursos a la oferta a través de los
aportes directos de la Nación y las entidades territoriales a las
instituciones de educación superior públicas (universidades,
instituciones técnicas, tecnológicas e instituciones universi-
tarias y SENA); la generación de recursos propios que cada
institución consigue en el ejercicio de sus labores misionales
de formación, extensión e investigación; los recursos prove-
nientes de estampillas pro-universidad; los recursos del Siste-
ma General de Regalías; el apoyo de Colciencias a los proyectos
de las instituciones de educación superior; los proyectos de
fomento dirigidos desde el Ministerio de Educación Nacional;
y, más recientemente, los recursos provenientes del Impuesto
para la Equidad, CREE, y de la Estampilla Pro-Universidad
Nacional y demás universidades estatales.
38.
En el capítulo 3 aparece explicado con detalle la evolución del gasto público en educación superior.
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